La gran mentira del monopolio

El monopolio suele interpretarse como un fenómeno necesariamente negativo: una situación propia de unos supuestos "mercados salvajes" frente a la cual el Estado debe intervenir para proteger a los consumidores. Sin embargo, esa asociación entre monopolio y perjuicio no es tan evidente como suele presentarse. En buena medida es el resultado de décadas de redefiniciones e interpretaciones que han terminado alterando el significado original del concepto.

Conviene empezar por su propia etimología. La palabra monopolio proviene del griego mónos (uno) y pōlein (vender), por lo que, en su sentido más básico, hace referencia a un mercado, sector o ámbito en el que existe un único vendedor. Esta definición describe una situación de hecho, pero no incorpora ningún juicio de valor sobre si dicha situación es buena o mala. Son las interpretaciones posteriores las que han añadido esa connotación negativa y, con ella, han servido de fundamento para numerosas políticas de intervención.

Antes de entrar en la cuestión, merece la pena recordar que buena parte de la teoría económica convencional toma como referencia el modelo de competencia perfecta: un escenario en el que todas las empresas son idénticas, los productos son homogéneos y los precios vienen determinados exclusivamente por la oferta y la demanda. Se trata de un modelo útil como herramienta analítica, pero muy alejado del funcionamiento real de cualquier mercado. Precisamente por ello, construir una teoría del monopolio tomando como referencia un escenario que nunca existe plantea importantes limitaciones.

De hecho, incluso determinar cuándo existe realmente un monopolio resulta mucho menos sencillo de lo que parece. Todo depende de cómo delimitemos el mercado relevante, y esa delimitación siempre contiene un componente subjetivo. ¿En qué mercado compite Porsche? ¿En el automovilístico? ¿En el de vehículos de lujo? ¿En el de deportivos alemanes? Cuanto más estrecho definamos el mercado, más fácil será concluir que existe una posición monopolística. No existe una frontera objetiva e incuestionable.

Aun así, cuando normalmente se habla de monopolio no se hace referencia únicamente a la existencia de un único vendedor, sino a una situación en la que este puede imponer precios abusivos porque los consumidores no disponen de alternativas. Es esa capacidad de explotación la que suele despertar preocupación.

La cuestión es si un monopolio de ese tipo puede mantenerse de forma duradera en un mercado realmente libre.

Si una empresa llega a convertirse en el único oferente porque ha sido capaz de ofrecer un mejor producto, un precio inferior o un servicio más eficiente que el resto, esa posición no constituye necesariamente un problema. Al contrario, sería el resultado de haber satisfecho mejor las preferencias de los consumidores. Sin embargo, precisamente porque el mercado permanece abierto, esa empresa no puede dar por asegurada su posición.

Si comenzara a elevar sus precios muy por encima de lo "razonable" o redujera significativamente la calidad de su producto, estaría generando un incentivo para que nuevos empresarios intentasen competir ofreciendo mejores condiciones. Podrán existir costes de entrada o dificultades para competir, pero mientras no existan barreras legales que impidan acceder al mercado, cualquier beneficio extraordinario constituye también una oportunidad empresarial para otros.

Por ello, resulta difícil sostener que un monopolio abusivo pueda mantenerse indefinidamente únicamente mediante mecanismos de mercado. Salvo circunstancias muy excepcionales , como el control absoluto de un recurso imposible de sustituir, la propia búsqueda de beneficio incentivaría la aparición de nuevos competidores.

La situación cambia por completo cuando el monopolio no surge del proceso competitivo, sino de privilegios concedidos desde el poder político.

Es aquí donde aparecen las concesiones administrativas, las licencias exclusivas, las restricciones regulatorias o los monopolios públicos. En estos casos ya no basta con ofrecer un mejor producto o un precio inferior para competir: primero hay que obtener el permiso correspondiente. Es la regulación, y no la preferencia de los consumidores, la que determina quién puede participar en el mercado.

Paradójicamente, el Estado suele presentarse como el principal enemigo de los monopolios mientras mantiene numerosos monopolios propios o protege otros mediante regulación.

Pensemos, por ejemplo, en determinados servicios municipales. ¿Puede cualquier ciudadano adquirir los medios necesarios y competir libremente en la recogida de residuos de su municipio ofreciendo un servicio mejor o más barato? En la práctica, no. La competencia queda excluida por decisión administrativa. El consumidor no puede elegir proveedor, independientemente de la calidad o el precio del servicio.

Hemos normalizado pagar por servicios en los que no existe posibilidad de elección mientras asumimos que la misma institución que impide la competencia es la encargada de protegernos de los monopolios. Como mínimo, resulta una situación paradójica.

Algo parecido ocurre con determinadas formas de protección de la propiedad intelectual. Las ideas, a diferencia de los bienes materiales, no son recursos escasos: varias personas pueden utilizarlas simultáneamente sin impedir que otros hagan lo mismo. Cuando el Estado concede derechos exclusivos sobre determinadas ideas o procesos durante largos periodos, está limitando la posibilidad de que otros innovadores los mejoren o desarrollen.

Es cierto que una empresa que descubre un nuevo proceso productivo ya disfruta de una importante ventaja competitiva por haber sido la primera en implementarlo y perfeccionarlo. Esa ventaja existe incluso sin protección legal. Los competidores no solo deben copiar el proceso, sino aprender a utilizarlo con la misma eficiencia o incluso mejorarlo. Añadir, además, una exclusividad jurídica prolongada puede reforzar artificialmente posiciones dominantes y ralentizar el ritmo de innovación.

A todo ello pueden añadirse otras formas de privilegio, como la adjudicación recurrente de contratos públicos a determinadas empresas en condiciones poco competitivas. En estos casos, el problema no es que una empresa haya convencido libremente a los consumidores, sino que la competencia queda limitada por decisiones políticas.

Por todo ello, quizá el debate no debería centrarse en la mera existencia de un monopolio, sino en el origen de ese monopolio. Un único vendedor no constituye necesariamente un problema si su posición depende de seguir satisfaciendo mejor que nadie a los consumidores y puede ser desafiado en cualquier momento por nuevos competidores. En cambio, cuando esa posición se mantiene gracias a barreras legales o privilegios concedidos por el poder político, la competencia deja de actuar como mecanismo disciplinador.

En definitiva, la palabra "monopolio" no debería generar preocupación por sí misma. Lo verdaderamente relevante es preguntarse cómo ha surgido y, sobre todo, si existen obstáculos que impidan que otros puedan competir libremente.